Uruguay debate ley para dar preferencia al software libre sobre el privativo
¿Cuánto gastan los gobiernos en licencias de software? Éste es uno de los datos que se mantienen con mayor opacidad en la mayoría de las administraciones. El gasto en paquetería es difícil de calcular, porque requiere de que el Estado cuente con un organismo de transparencia que permita el acceso público a las cuentas; después, que algún ciudadano pida dicha información y, después de todo el proceso, reciba los datos. La petición deberá repetirse prácticamente en todas las dependencias de los diferentes niveles.
Sin embargo, es un secreto a voces que la compra de licencias de software es un verdadero agujero negro fiscal. No sólo eso: la adquisición de paquetería no suele estar sometida a concurso; y muchas veces, ni siquiera a un estudio de viabilidad. En muchas ocasiones, es una decisión arbitraria que se toma sin considerar las alternativas; y por supuesto, tampoco hay que dejar de vista que la venta de software privativo también representa una derrama económica para terceros por concepto de comisión, como los brokers.
En ese sentido, Uruguay está dando un paso importante al discutir un proyecto de ley que establece que el gobierno debe darle preferencia al software libre sobre el privativo. La medida también apela a la apertura de datos, pues estipula que toda la información en formato digital debe ser puesta a disponibilidad en libre acceso y al menos un formato abierto y estándar. La idea, desde el aspecto económico, es que el país reduzca el gasto que realiza en licencias de software; y por el otro, que se convierta en un exportador de software libre.
No obstante, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información se ha manifestado en contra de darle preferencia al software libre, debido a que lo consideran un tema muy complejo para reducirlo sólo a una ley. En cierto modo, el organismo tiene razón al decir que, actualmente, las dependencias tienen libertad de elegir entre ambos tipos de software y que el argumento del precio es inválido, pues no se contempla el caso en el que el software libre sea más barato que el privativo.
Otra de las críticas que viene con esta propuesta es que consideran incorrecto asumir que el software libre será mejor o más seguro que el privativo -aunque es cuestionamiento es discutible- y que se debe evaluar también el entorno de servicios asociados al producto; en este rubro entran, por ejemplo, el soporte técnico. También ven un problema de implementación, pues consideran que el software es una necesidad inmediata, y que el tiempo de desarrollo haría que el programa quedara obsoleto para el momento de usarlo.
Aunque son comprensibles las críticas que hace la agencia, lo cierto es que cada uno de ese obstáculos tiene forma de evitarse. Sobre la superioridad del software libre sobre el privativo, coincido en que, a priori, no se puede juzgar la calidad sólo por esa naturaleza. No obstante, el software libre permite la mejora continua del código mediante la apertura -por ejemplo, soltarlo en las universidades y comunidad general para hacer modificaciones-; así como menos problemas de seguridad, los cuales se pueden arreglar al momento -en el software privativo, hay que esperar que se libere una actualización o un parche-. En ese sentido, el Estado garantiza mayor control sobre los programas que utiliza, una especie de soberanía o autonomía informática.
En la parte temporal es donde pueden tener mayor razón, pero también es cierto que junto con la inmediatez, hay una necesidad de vigencia. Las licencias de software son costosas porque las actualizaciones deben pagarse constantemente. Quizá el desarrollo inicial del software libre sea más tardado, pero al largo plazo, su capacidad de sostenibilidad es más alta (y más barata) que uno privativo.
La realidad es que la ley tendría efectos positivos, pero los legisladores en contra también deberían garantizar la libertad de una dependencia de elegir software privativo si considera que en calidad, precio y condiciones es superior en ese momento. Se podría implementar un plan gradual (es decir, en las áreas donde el privativo prevalece, se busque crear sustitutos a medio y largo plazo); y por supuesto, aumentar la transparencia en la adquisición de licencias (sea cual sea el tipo), para evitar estas lagunas financieras que terminan por incrementar sustancialmente el gasto público.
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