Gatillo facil: los mató por una discusión y quiso hacerlo pasar por robo
La primer versión del policía, tres años atrás, fue que le quisieron robar. Y que por eso se había defendido a los tiros, matando a dos adolescentes e hiriendo a otro. Los medios y sus colegas dijeron que era un ‘justiciero’, casi un héroe. Pero la realidad era otra. El subcomisario Alberto Veysandaz mató a Javier Alarcón de 15 años, y a David Vivas de 21 años, por una discusión de tránsito. Ayer la justicia lo condenó a 21 años de prisión.
El 3 de marzo de 2013, Javier y David volvían de un boliche de la ribera de Quilmes. Caminaban junto a un grupo de jóvenes por una calle sin veredas. Allí, los rozó un auto y ellos respondieron con insultos. El conductor era el subcomisario Veysandaz.
En el juicio, un chica que al momento del asesinato tenía trece años contó como el policía se bajó y empezó a disparar. “Tiró a matar a quién sea, como si fuéramos pájaros. Podría haber sido cualquiera de nosotros”, declaró.
Luego del crimen, la policía del barrio presionó a los sobrevivientes para que cambiaran su declaración: querían hacer pasar el crimen por un intento de robo e instalar que los chicos estaban armados. Los policías que trabajaron en la escena del crimen no habían encontrado ni restos de sangre ni vainas servidas.
El policía escapó del lugar y estuvo prófugo tres días. Lo encontraron en la localidad bonaerense de San Martín, porque uno de los testigos había anotado la patente del auto.
Después del crimen, mientras la policía presionaba a los testigos, las familias de los jóvenes cortaron el Autopista Buenos Aires La Plata y comenzaron un lento peregrinar para obtener justicia. Ayer, luego de conocer el fallo –los argumentos se conocerán en una semana- se movilizaron frente a los tribunales de Quilmes.
El tribunal, integrado por Silvia Etchemendi, Marcela Viccio y Florencia Butiérrez, entendió que los tres hechos habían sido homicidios –frustrado en un caso– y aplicaron el agravante por uso de arma de fuego.
“Se negaron a aplicar la figura calificada por la condición de miembro de una fuerza de seguridad estatal del homicida”, informó la Correpi en un comunicado. De haberse aplicado esa figura, la condena hubiese sido a perpetua.
Según denunciaron varias organizaciones sociales, la defensa del comisario estuvo a cargo del llamado Sindicato de Policías y Penitenciarios (SinPoPe) , el mismo grupo que defendió a los policías acusados por las torturas a Gastón Duffau en Ramos Mejia.
El encargado de llevar adelante la defensa técnica en la mayoría de los casos es el abogado Rubén Fernández. Su cargo dentro del sindicato policial es toda una declaración de principios: figura como secretario de Accidentes de Trabajo.
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