Según el Boletín Oficial 3818, publicado ayer, el jefe de gobierno porteño dejó sin efecto la Ley 4008, que prorrogaba hasta 2017 el régimen de protección a 29 fábricas recuperadas que funcionan en la Ciudad, y que emplean a más de 2000 obreros gráficos, textiles, gastronómicos, madereros y de otras ramas de actividad que, desde fines de los ’90, ocuparon sus puestos de trabajo para evitar que los patrones vaciaran las plantas fabriles.

Esas fábricas, que comenzaron a ser ocupadas en todo el país durante los últimos años del menemismo, fueron protegidas en la Ciudad de Buenos Aires a partir de 1999, con la sanción y promulgación de la Ley 238, que dispuso declarar todas esas unidades productivas de “utilidad pública” para expropiarlas con fondos públicos.

La norma ordenaba al Estado porteño que, para garantizar ese mandato, se presentara en todos los juicios de quiebra contra esas fábricas, para evitar su cierre y el despido de sus trabajadores. Esa intervención estableció un primer plazo de vigencia por cinco años, que sólo podía ser extendido por una nueva ley que fuera votada por la Legislatura.

Con el veto de Macri, entonces, esas empresas corren serios riesgos ante los embates judiciales de sus ex propietarios, quienes las abandonaron tras dejarlas vaciadas y quebradas y ahora, en plena producción gracias a la intervención de sus trabajadores, podrían hacerse de nuevo con ellas, con riesgo concreto de pérdida de miles de fuentes de trabajo.

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Que groso el PRO.. se rascan las bolas y solo laburan para mandarse forreadas

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Que raro, Mauri...

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